El suplicio de los transportistas


En un recorrido Guadalajara-Tijuana, a los transportistas de carga
no sólo los separan 2,400 kilómetros de recorrido, también tendrán
que sortear infinidad de abusos para llegar a su destino.
En toda la red de carreteras federales hay destacamentos de la PFP
(Policía Federal Preventiva) en los que se hostiga al transportista. Basta
con que a los oficiales no les guste un número, detengan la unidad
para revisión y la remitan al corralón federal para su posterior investigación, acción que puede durar varios meses.
Con esa amenaza, el transportista es extorsionado -insisto, aunque todo
esté en regla-, y mejor coopera con una “pequeña cuota” a modo de “refresco” para evitar que las cosas lleguen a más y se multiplique la “aportación”.
Punto importante es señalar que las autopistas son obligatorias para el
transporte de carga, no hay opción.

Iniciamos el viaje hasta Tijuana en la a autopista de Guadalajara-Tepic.
El pavimento de esta carretera de cuota está bastante deteriorado,
de regular a malo. Y aunque cobran los cuatro carriles, en gran parte solo están en uso dos, y muy angostos.
En Tepic se ha puesto un retén de la policía estatal, en el libramiento para detener a los conductores del Servicio Público Federal que transitan por ahí para hacerles un doping.
Procedimiento que realizan de forma prepotente (y tengo algunos casos documentados) donde operadores que no consumen algún tipo de estimulante han dado positivo.
La multa es de 18mil pesos, que hasta no ser cubierta totalmente, la unidad y el operador quedan detenidos.
Los conductores que presten su servicio al transporte público federal no deben consumir algún tipo de droga, ellos se rigen por la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) que realiza operativos en distintos puntos carreteros de la red federal para practicar el mismo
examen a los conductores y si el caso así lo amerita procede la cancelación de la licencia que le fue expedida y que cada dos años es refrendada tras un exhaustivo examen médico.
Aun así, en Tepic, Nayarit las autoridades lo hacen. ¿Buen negocio, verdad? En un día dan “positivo” hasta 40 conductores aproximadamente.

Después de pasar Tepic continuamos hasta Mazatlán donde hay que
pasar dos puntos de fumigación: En Capomal, Nayarit y La Concha, Sinaloa donde después de una revisión y tener autorizado el paso, se cobra mínimo 60 pesos y en algunos casos, hasta 180 pesos obligatorios.
Hay también un punto de revisión de la Policía Ministerial Federal donde varios sujetos con apariencia de delincuentes revisan al azar y piden 20 pesos para “las aguas”, si se niegan, los revisan de manera humillante y hasta les han “sembrado” droga en pequeñas cantidades para
extorsionarlos; mientras tanto, los agentes ministeriales en activo están sentados en sus lujosas camionetas civiles -por lo regular sin placas- dejando trabajar “a sus muchachos”.
Más adelante hay que pasar por dos inspecciones sanitarias más, en éstas se vuelve a revisar y si ya pagó, no cobran más. Una está en Cruz de Lota y la otra en Guasave, dentro del estado de Sinaloa.

Llegando a Sonora viajamos hacia el noroeste, aquí hay otro punto de inspección sanitaria donde se pagan 50 pesos y se toca la revisión, hay
que pasar a los andenes que están a un costado de dicha caseta.
Ahí la cosa cambia, ninguno de los inspectores baja la carga, hay varios, pero ninguno hace nada y mejor, contratan a dos cargadores eventuales
sin garantía alguna para ellos ni los usuarios.
La maniobra cuesta 500 pesos sin comprobante fiscal alguno, y sólo dan un recibo improvisado y con un sello del punto de revisión: “Caseta Estación Don, Sonora”. ¿Por qué así? – preguntamos-, “Porque sí y punto”-, esa
es la única respuesta.

En el cruce por Sonora las carreteras nunca habían estado peor. El libramiento de tránsito pesado en Navojoa es ¡Intransitable! Eso sí, los policías municipales no pierden tiempo extorsionando a los camioneros al menor pretexto.
Hay tramos en reparaciones eternas, mal señalados, con desniveles peligrosos y en algunas partes ni rayas hay. En el tramo de Sonoyta-San Luis Río Colorado ni siquiera existe la carretera.
Hay más de 50 kilómetros de pésima terracería donde muchos transportistas han sufrido percances leves, descomposturas muy costosas y volcaduras.

El punto de revisión carretero de la Sedena es Querorabi, Sonora es un suplicio. Hay filas de hasta 18
horas en espera a pasar, pocos señalamientos antes de llegar al punto y hasta 10 kilómetros de colas
qe de pronto interrumpen la circulación en el carril izquierdo al estar detenidos esperando que la fila
avance.
Los choques y fuertes accidentes se dan constantemente. Trailers detenidos, conductores que no
conocen la zona e ignoran el asunto de las kilométricas filas terminan impactándose contra carros de
civiles. A diferencia de otros puntos, no hay policías federal señalando las filas ni dirigiendo el tránsito.
Tampoco hay militares cuidando que los transportistas no intenten “brincarse” la fila y pasan de un carril
a otro sorprendiendo a quien deje el mínimo espacio.
No existe estrategia alguna que agilice el punto de revisión donde los soldados aplican un operativo
permanente contra el tráfico de drogas, armas y explosivos con la consigna publicitaria: “Trabajamos
por su seguridad” que cientos de muertos avalan.
Una vez ingresado al módulo de revisión de la Sedena, los transportistas pasan por un filtro de rayos gama
y luego a una caseta donde se les realiza una breve entrevista: Origen, destino, tipo de carga, tipo de
unidad y nombre.
Ahí el soldado indica si pasa a revisión física de la carga o solamente a revisión de cabina. Si va a la revisión
física de carga permanecerá hasta tres horas en los andenes mientras van y vienen sin orden alguno,
mucho menos respeto por el ciudadano conductor que debe estar presente sin descansar mientras
revisan la carga.
Las mercancías son dañadas por los soldados al pasar por encima de la misma. Los envases son perforados,
las cajas son revueltas en el interior y si los artículos son comestibles son tomados sin permiso.
Quitan sellos fiscales y no proporcionan documentos para justificar la ausencia de éstos, recayendo toda la
responsabilidad del daño en la carga o el faltante de la misma, en el conductor.
Después revisan el interior de las cabinas, a las cuales entran con botas llenas de tierra. Se repite la acción anterior
y revuelven cabina, camarote, artículos personales que son movidos al igual que tornillos sin el menor cuidado.
El conductor en silencio, sin reclamar y si osa decir algo, ocho horas estacionado le esperan para que aprenda a
respetar la autoridad.
¿Qué eso no es una detención ilegal?, ¿Y los derechos humanos y legales?, ¿Las garantías individuales y
de libre tránsito?, ¿La Constitución y sus leyes?

Los retenes de la Policía Federal Ministerial operan de la misma forma en todo el país, “madrinas” trabajando y agentes activos haciendo acto de presencia. Esto ha sido desde siempre.

Por si fuera poco hacia el norte, en el camino hay un retén más de la Policía Federal Ministerial. La misma operación se repite,
“madrinas trabajando” y agentes del MPF descansando.
Después, a 300 kilómetros esta un retén más de la Sedena
antes de llegar a San Luis Río Colorado, con instalaciones más modestas que el de Querorabi, pero operado exactamente igual; horas estacionado y gastando combustible irremediablemente.
En 10 horas que dura la revisión, un camión gasta 40 litros de diesel (464 pesos), multiplicados por hasta los 350 camiones que he llegado a contar en la fila, hablamos de 162mil pesos quemados en el asfalto a falta de una verdadera estrategia de revisión donde se respeten los derechos y garantías de los ciudadanos.

Luego viene otra revisión fitosanitaria en la entrada de Baja California,
ahí no cobran la fumigación obligatoria. En ese mismo punto existe otro retén de la Sedena a escasos 30 kilómetros del anterior y con la misma metodología.
La SCT hace acto de presencia a 20 kilómetros de distancia donde revisan documentos de la unidad, de la carga, el peso permitido y hacen una inspección físico-mecánica. También revisan documentos del operador y le realizan un antidoping.
A 100 kilómetros más, un punto más de Sedena con menos carga vehicular que ha ido diluyéndose por Mexicali donde muchos descargan. Subiendo la Rumorosa, carretera sinuosa, de bello y único paisaje se llega a la hospitalaria ciudad de Tijuana.

El altísimo costo de los peajes que son más de 4 mil pesos, los absorbe es transportista; mientras tanto el conductor asume forzosamente una parte del combustible de la unidad cuando está detenida en los retenes, con el argumento de los dueños de que usan el aire acondicionado mientras esperan; además de que sus viáticos se incrementan, pues ellos de su salario, son quienes pagan sus comidas y aunque detenidos, en esas interminables filas, comen.

¿Ni siquiera pueden unirse la SCT, policías estatales, federales , PGR Y el ejército, para hacer las revisiones coordinadas, ágiles y sólo en puntos estratégicos? ¿Por qué no invitan visitadores de los DH (derechos humanos) a esos puntos de revisión?
Si analizamos este recorrido, nos daremos cuenta que las carreteras que tanto presumió el titular del fatídico sexenio pasado, son
sólo parte del discurso. Nos damos cuenta también de que el libre tránsito en el país es una utopía. Nos damos cuenta de que nuestras
libertades y garantías solamente existen en la Constitución y que en la práctica es letra muerta. Nos damos cuenta que los transportistas
están a punto de llegar a su límite debido a lo caro del peaje, el altísimo costo del diesel y los abusos aquí documentados.
Les informo, habrá un paro nacional de transportistas este 1 de Mayo.
Se les olvida que casi el 90% de la carga de nuestro país se mueve
por carretera.
Tan solo del 2006 al 2012 el diesel se incrementó casi en un 100% y las tarifas sólo en 30% en promedio. ¿Entonces quién sostiene en parte
que no se dispare la canasta básica? Hay que reflexionarlo.
Después el gobierno y los pseudo periodistas llaman: “salvaje, necio y violento” a quienes tienen el valor de exigir justicia y respeto a sus derechos y a las garantías que el gobierno tiene otorgar por obligación.

El transporte de carga se está monopolizando de tal manera que sólo los grandes flotilleros podrán operar, pues hasta con 800 unidades se
puede tener un bajo ingreso, pues lo atractivo es el volumen. Incluso las grandes empresas tienen a sus representantes exclusivos
desde las cámaras legislativas, desde luego, velando sólo por sus intereses. En León, Guanajuato saben a lo que me refiero.

Los medianos y pequeños transportistas están en un inminente riesgo de dejar de existir, ¿Hará algo este gobierno por dignificarlos? Ya que el PAN
a su paso por el gobierno federal está logrando su cometido: Hacerlos desaparecer.

Con la colaboración de Daniela Herrerías.

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