La legalización de la marihuana.


El tema de legalización de la marihuana, es más bien visto como la oportunidad de un lucrativo negocio, que el de evitar su contrabando.

El nefasto cristal, el hielo, la piedra, son drogas sintéticas devastadoras, que convierten al ser humano más decente en una piltrafa, en un delincuente, es gravísimo el daño que esas drogas sintéticas están ocasionando sobre todo a la juventud. Un daño que cargáremos por generaciones. El aumento en el consumo de estas nefastas drogas sintéticas, se las debemos precisamente a la falacia de “guerra contra el narco” que encabezo el psicópata de Calderón.

El hecho es, que la droga más inofensiva, es la marihuana. La legalización de esta, sólo traerá beneficios a los productores y al estado, pero no a la sociedad.

Al regular la producción de la marihuana, a los que trabajen en la siembra y cosecha de la droga, se les pagará como a cualquier jornalero, ósea un salario de hambre. Entonces los que trabajaban en la producción de la yerba, porque no había de otra, lo seguirán haciendo, pero insisto, con un salario muy bajo; no digo que esto sea negativo, porque cuando menos, serán mexicanos que saldrán del anonimato y tendrán acceso a las prestaciones sociales.

La producción de la marihuana no se la permitirán a cualquiera, ya hay algunos agricultores muy influyentes interesados en esa empresa, Vicente Fox, por ejemplo. Entonces solo será un reducido círculo el que se beneficiara con lo altamente redituable del negocio de la marihuana; como todo en este país, sólo son algunos, muy pocos los que hacen negocio, los demás subsistimos solamente.

Entonces este será el primer fruto de la “guerra contra el narco” la legalización de la marihuana.

Pero nos quedaremos con el grave problema de las anfetaminas y las drogas sintéticas, esas sí son peligrosas. Detrás de cada sicario, de cada secuestrador, de cada criminal, de cada policía corrupto, esta una muy buena dosis de estas nefastas drogas. Desde luego estas no se deben legalizar, son un verdadero veneno, mira: “Es un estimulante y excitante del sistema nervioso central y además de euforia produce un fuerte acostumbramiento”, señaló el psiquiatra Ricardo Grimson. Para el especialista, la sustancia produce la suspensión de la consciencia y la noción de riesgos. Así una persona puede cruzar caminando un semáforo en rojo, secuestrar, robar e incluso matar sin siquiera inmutarse”

Entonces, se haría negocio con la marihuana, para el estado, la industria medica y algunos privilegiados; pero nos quedaríamos con el mismo problema del narcotráfico y el consumo de estas perjudiciales drogas.

La solución de la violencia y la criminalidad no esta en la legalización de la marihuana, incluso ni con la legalización de todas las drogas que existen (ese sería un terrible error) porque el criminal buscaría otras alternativas de conseguir dinero fácil, si ya no es posible como narcotraficante, pues como secuestrador, y este aberrante delito va a la alza. Como asaltante. Como extorsionador. Como sicario. Se diversificaría la criminalidad, eso es un hecho. ¿Después qué harían? ¿Regular los secuestros, extorsiones, asaltos y asesinatos?

La legalización de la marihuana, traerá quizás beneficios a la salud, pues tiene muchas cualidades curativas. Pero no solucionaría en lo más mínimo la violencia, la criminalidad y el terror en el que estamos sumidos.

Si bien cuando se terminó la ley seca en EU (Estados unidos de Norteamérica) en 1933 disminuyeron las mafias que contrabandeaban el licor, y con ello la violencia, fue porque existía un estado de derecho que en México, sólo existe en la constitución, pero que en la práctica como ya lo he mencionado antes, nuestra constitución tristemente es letra muerta.

Mientras exista la impunidad con la que actúan desde la cúpula los intocables delincuentes de cuello blanco; mientras sean intocables los ex gobernadores, los senadores, los diputados, los presidentes municipales, los procuradores de justicia, los directores de policía y tránsito, los militares y todos los que deberían garantizar la seguridad de nuestro país, pero lo único que les importa es llenarse los bolsillos de dinero, continuaremos viviendo esta terrible hecatombe que fue el único legado del pasado gobierno y que aceleró como ninguno otro en la historia, la descomposición de todo el tejido social.

Mientras tengamos que recurrir a cortes internacionales para hacer justicia en México; este será nuestro destino, vivir sumidos en la incertidumbre del terror que ha instaurado el estado de manera extrajudicial.

AMLO el contrapeso del sistema.


La política mexicana, atraviesa desde hace ya algunos años, una crisis de credibilidad.

Derecha e izquierda, al final es política. Para qué hayamos llegado al descaro y cinismo que hoy en día protagonizan nuestros representantes políticos, es porqué  no ha existido una verdadera opción, ajena a la política que emana del sistema.

En 2006 y en 2012, Andrés Manuel López Obrador, fue la única opción de cambio. En el 2000 el político Tabasqueño, llego al gobierno del Distrito Federal, por conducto del PRD, ese fue el partido que lo lanzó con más fuerza en su carrera política. El PRD, ha sido el partido que concentró varios partidos de izquierda y en su tiempo fue la opción mas viable de cambio. El PRD, así como todos los partidos socialistas, comunistas y de izquierda, se han ido diluyendo ideológicamente en la ambición de sus representantes. Esos partidos, se convirtieron en lo criticado: Paleros del sistema. Políticos que están ante los reflectores y que pudiendo ser protagonistas de un cambio, han sucumbido ante el poder del sistema ¡Se acostumbraron a la vida de emperador! ¿Mafia? Sí. La misma mafia que mantiene con vida a los partidos mediocres.

Sin duda el líder más representativo de la izquierda en México, ha sido AMLO; es el que más convocatoria social a tenido; es quien más a persuadido a la sociedad. Gobernó la Ciudad de México bien. Tuvo un momento, considero yo qué excelente, y dabá para mucho más, sin embargo, los resultados no se dieron, sobrevino un fraude y el líder de las izquierdas, el portador de la esperanza de millones de mexicanos, no tuvó la capacidad de cambio que el país necesitaba; se quedó  estático; lo rebasó su ambición personal. Su discurso es hoy en día exactamente igual, en cambio los problemas de México han mutado y cada día son más graves.

Quienes vemos el bien de México más allá del fanatismo, nos damos cuenta que no sólo el discurso, sino también la actitud del político tabasqueño , caduco. ¿Crear ahora un nuevo partido político no es lo mismo de lo que la sociedad llego al hartazgo? ¿Qué un partido político no es el mismo vehículo al que se suben todos los candidatos para llegar al poder? ¿Por qué ahora tendría que ser diferente?

Andrés Manuel, tiene años en campaña, se quedo estancado en ese proceso. La descomposición social, no es tarea de una campaña política permanente en busca de votos, ni se resuelve con estos. La problemática actual de nuestro país exige la participación de todos, y lógicamente de los líderes que buscan un cambio donde deberíamos caber todos. Ahora es preciso que desde una oposición inteligente con capacidad de cambio, se forme parte del cambio que se demanda.

El gobierno pasadó, fue sin duda uno de los peores de toda la historia de México. Desde la campaña, en el proceso electoral y en la toma de protesta se vivió una división inusitada. El país ardía políticamente. La sociedad también se encontrába confrontáda, resultado de la campaña mediática de desprestigio en contra de Andrés Manuel López Obrador. Muchos inducidos totalmente por los medios, apoyaban al político Michoacano; otros tantos que ven mas allá de los medios convencionales, los verdaderamente informados, apoyaban al político de Macuspana. El daño ya estába hecho, la sociedad harta quería hacer algo más que manifestarse, si embargó AMLO, calmo los ánimos de violencia.

Lopez Obrador, ya con obstinación, se proclamó presidente legítimo. Inició una nueva campaña que duró 6 años, sus críticas al sistema, se volvieron sólo lo que la gente quería escuchar. La tragedia del sexenio de Calderón la vivimos todos.

Al final, cuando se vinierón las campañas electorales, AMLO tenía ya nuevamenté cautivos a millones, pero no los necesarios, porque su discurso era exactamente igual que siempre, no había una dinámica diferente, la hecatombe y el terror que dejaba Calderón, no habían hecho tampoco más se sensible a López Obrador. Su campaña de amor, impulsada desde la mercadotecnia política, no era suficiente, no vendía nada. Sus críticas a la mafia del poder, no convocaban. Se mantuvó en la misma tesitura de siempre.

La campaña del PRI y su infalible maquinaria electoral, más la influencia en un instituto creado por ellos mismos: el IFE, y su descarada cooptación de votos, llevaron al PRI a un triunfo.

Entonces, AMLO se volvió un contrapeso del sistema político. ¿Voluntaria o involuntariamente?
Hoy en día Lopez Obrador, sigue haciendo exactamente lo mismo. Lo mismo que hizo en las dos ultimas elecciones presidenciales.

Un líder no debe de ser egoísta.
Un líder debe de pensar en el bien común, no en ambiciones personales. Un líder con visión, sábe aprovechar su trayectoria, para encausar a nuevos luchadores, para formar a nuevos líderes, pues la causa no puede ser estandarte de un solo hombre, es de toda una nación.

Los fanáticos no hay sido capaces de exigir a Lopez Obrador un cambio como candidato; tampoco podrán exigirle nada como presidente.

En el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, no cabe nadie más que él. Solamente él puede salvar a México.

López Obrador, se ha vuelto una oposición cómoda para el sistema. Ellos saben exactamente lo qué va hacer, y también saben que los fanáticos no son capaces de cuestionarlo ni de exigirle. Saben que mientras continúe en su eterna campaña política por todo el país, la sociedad no aceptará otro salvador; por eso nadie lo molesta, lo dejan ser.

Andrés Manuel López Obrador, es el perfecto contrapeso de la mafia que tanto critica. 

La ley mordaza de Nuevo León


Ciudad de México, mayo 31 de 2013. El Congreso de Nuevo León adicionó el artículo 429 bis al Código Penal de aquella entidad en la que castiga el llamado cyberbullying. Con esta acción, el Estado de Nuevo León incumple con las obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano en su conjunto en materia de libertad de expresión. Pese a las recomendaciones internacionales de despenalizar los llamados delitos contra el honor porque coartan los derechos de libertad de expresión opinión e información, se ha procedido agregar delitos que tienen como efecto criminalizar la libre circulación de ideas, informaciones y opiniones.

El congreso de Nuevo León ha decidido seguir legislando en dirección contraria a los derechos humanos, estableciendo medidas que restringen indebidamente la libertad de expresión en Internet, en contravención al derecho internacional. Aunque la intención de proteger a los jóvenes del cyberbullying es loable, le técnica legislativa es vaga e imprecisa, y el resultado es una disposición de Ley que es contraria no solamente al derecho internacional sino a la Constitución en su artículo 6 y 7.

ARTICLE 19 hace una petición al gobernador del Estado de Nuevo León, Rodrigo Medina, a ejercer su derecho de veto con las disposiciones aprobadas a fin de que sea revisada de nuevo por el Congreso Local.

Por lo anterior, realizamos un somero análisis de los tipos penales que restringen la libertad de expresión en aquella entidad, señalando su incompatibilidad con las disposiciones constitucionales y convencionales.

El artículo 342, tipifica la injuria como:

“toda expresión proferida o toda acción ejecutada para manifestar desprecio a otro, o con el fin de hacerle una ofensa.”

En principio, el Comité Derechos Humanos de la ONU ha establecido en su Observación General 34 que el derecho a no autoriza excepción ni restricción alguna. En este sentido, define que calificar de delito la expresión de una opinión es incompatible con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este sentido, prohíbe cualquier intento coercitivo dirigido a que una opinión se sustente.

El delito de “injuria” en sí mismo, no contiene un bien jurídicamente tutelado que esté reconocido por la Constitución ni por convenio internacional alguno. La prohibición de expresar un insulto, no tutela la buena reputación, pues no requiere que se confirme que la posición social de un individuo ha sido disminuida, más bien, está encaminada a proteger los sentimientos del ofendido. Si un individuo considera que algo que se ha dicho manifiesta desprecio, estamos ante una valoración totalmente subjetiva, y contra una acusación de esta índole, es difícil ofrecer cualquier tipo de prueba en contrario.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha externado que “el carácter ofensivo del discurso, por sí solo, no es razón suficiente para restringirlo”[1], y señala la importancia de proteger aquellas expresiones que “ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población.”[2]

El artículo 344 define la difamación como:

“comunicar dolosamente a una o más personas, la imputación que se le hace a otra persona física o persona moral, en los casos previstos por la ley, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descredito, perjuicio, o exponerlo al desprecio a alguien.”

Este artículo incumple no solamente los lineamientos recomendables para una buena ley de difamación, sino que es completamente inconstitucional e inconvencional, especialmente cuando se le agrega el artículo 346 que establece que “el acusado de difamación no se admitirá prueba alguna para acreditar la verdad de su imputación, sino en dos casos:…”

El artículo 6 de la Constitución General de la República protege la comunicación de hechos ciertos bajo el derecho a la información. La verdad es una defensa completa contra una alegación de difamación. La ley de difamación debe servir para proteger a los individuos contra ataques injustificados contra su reputación. Pero el derecho a la verdad es de interés público, salvo que la información se haya obtenido por invasión de la privacidad.

La censura de un hecho verídico es inconvencional, puesto que contraviene el artículo 19 de la Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del cual México es parte, el cual debe entenderse a la luz de la Observación General 34 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, misma que establece que “[t]odas las leyes de esta índole, y en particular las leyes penales relativas a la difamación, deberían incluir medios de defensa tales como la prueba de la verdad y no aplicarse a las formas de expresión que, por su naturaleza, no estén sujetas a verificación.”

La finalidad de una ley sobre difamación es proteger la reputación de lo demás e indemnizarlos en la medida de lo posible cuando se ha cometido algún atropello a su buen nombre, pero ésta disposición (artículo 344) no toma en cuenta el daño causado para sancionar la difamación, revelando como su fin último la limitación en la comunicación de hechos, ciertos o no, imponiendo una delimitación sobre lo que se puede y no se puede decir, y no la protección de derechos de terceros.

Una buena ley civil de difamación debe inclusive contemplar que habrá casos en que no revelar información de ciertos personajes de la vida pública puede ser más dañino para la sociedad que revelarlos. Habrá situaciones en las que es de interés público que se difundan ciertos hechos, conductas, o facetas de personalidad de individuos que tienen una posición de poder relevante, y no se debe castigar a aquellos que difunden ésta información, a pesar de que lastimen la reputación de otro individuo, siempre y cuando esa información sea cierta, aún cuando no sea “sobre el ejercicio de sus funciones” directamente.

El artículo 349 expresa que

“no servirá de excusa para la difamación, que el hecho imputado sea notorio que el reo no haya hecho más que reproducir lo ya publicado en la república o en otro país”

Esta prohibición absoluta es contraria a la defensa de “palabras de otros” bajo la cual no se le requiere a las o los periodistas que se distancien de las declaraciones, ni que verifiquen la veracidad de cada comentario. Así también se anula la posibilidad de aplicar la defensa por “publicación inocente” la cual es aplicable cuando alguien publica o contribuye a la divulgación de una declaración difamatoria sin saberlo y sin haber sido responsable de ninguna manera por la declaración.

El artículo 351 contempla:

“[l]a injuria o la difamación contra el Congreso del Estado, contra un tribunal o contra cualquier otro cuerpo colegiado o institución oficial, se castigará con sujeción a las reglas de este título, sin perjuicio de las penas por los delitos que resultaren.”

Esta disposición va en contra de la lógica de la protección al honor, bien jurídico que intenta proteger éste capítulo, ya que el honor es de carácter individual. Una institución o ente colectivo no puede “sentir aflicción”, solamente los titulares de la institución, a título personal. Así prohibir la injuria en contra de una institución no siga la lógica de la protección al honor.

El Comité de Derechos Humanos ha señalado que resulta preocupante la existencia de leyes sobre cuestiones tales como la lèse majesté, el desacato, la falta de respeto por la autoridad, la falta de respeto por las banderas y los símbolos, la difamación del Jefe de Estado y la protección del honor de los funcionarios públicos.

Esta norma en particular tiene como efecto desalentar el debate sobre las instituciones públicas, y silenciar críticas. El debate sobre asuntos de interés público no puede censurarse. Por ello debemos atender al sistema dual de protección en materia de libertad de expresión adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bajo el cual se establece que los límites de crítica son más amplios si ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna.[3]

El artículo 352 establece:

“los escritos, estampas, pinturas o cualquiera otra cosa que hubiere servido de medio para la injuria o la difamación, se recogerán e inutilizarán, a menos que se trate de algún documento público o de uno privado que importe obligación, liberación o transmisión de derechos.”

Tal como se reconoce en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, la libertad de expresión puede ejercerse por cualquier medio, entendiendo que la forma como se comunican las ideas y opiniones se encuentran también protegidos.

El Comité de Derechos Humanos ha manifestado el derecho a la libertad de expresión protege todas las formas de expresión y los medios para su difusión. Estas formas comprenden la palabra oral y escrita y el lenguaje de signos, y expresiones no verbales tales como las imágenes y los objetos artísticos; los libros, los periódicos, los folletos, los carteles, las pancartas, las prendas de vestir y los alegatos judiciales, así como modos de expresión audiovisual, electrónica o de Internet, en todas sus formas.

El artículo 352 bis expresa que:

“se aumentara hasta la mitad de la pena a imponer por los delitos que resultaren, cuando se efectúen mediante la utilización de la televisión, radio, prensa escrita o internet.”

La libertad de expresión incluye la libertad de expresarse por cualquier medio. El resultado de ésta disposición es la censura, dirigida específicamente a los individuos que trabajan en medios de difusión y afecta directamente a los periodistas. Esta disposición hace más riesgoso el trabajo de los periodistas, trabajo que, como hemos mencionado en nuestra carta, está en una situación de mucho peligro y ocupa un lugar importantísimo en un país democrático.

En la discusión sobre la despenalización de los delitos contra el honor que tuvo lugar en el 2011, el Congreso de Nuevo León establece que “visto desde el punto de vista constitucional, la libertad de información es preferente por ser un elemento ineludible y un presupuesto básico de la conformación de la opinión pública libre y del Estado democrático de Derecho”[4]. Se determina finalmente que “se debe velar por los intereses inmateriales como lo son el honor, el respeto y la dignidad en su justo marco…”[5] anulando de manera completa el derecho a la libertad de expresión en razón de que la mera vigencia de tales delitos -que además prevén redacciones abiertas, vagas y ambiguas- genera un efecto amedrentador en la libre circulación de información.

Sobre el Ciberbullying

ARTICLE 19 considera preocupante que se haya aprobado un delito que sanciona con el “ciberbullying”, ya que se considera una forma da violencia psicológica que tiene particularmente un efecto nocivo entre los jóvenes. Consideramos que el daño moral que puede generar el “ciberbullying” no debe de sancionarse con pena de cárcel, sino deben de resolverse por la vía civil.

La tentativa reforma que adiciona el artículo 429 bis al Código Penal para el Estado de Nuevo León establece que:

Se incrementará la pena en una mitad más cuando se realice sin autorización, la difusión o transmisión de imágenes de personas, por cualquier medio de comunicación electrónica, radial, satelital o telefónica con la intención de generar un daño que pueda causar deshonra, descredito, perjuicio o se exponga al desprecio de alguien, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado.

Esta disposición normativa, genera límites innecesarios a la libertad de expresión por varias razones, y no se dirige al grupo vulnerable, que son los jóvenes. La limitación a la libertad de expresión se considera una censura previa, pues no es necesario que se genere o se compruebe un daño, a la reputación o a la salud psicológica o a la vida social del individuo para que se actualice el delito.

Es de destacarse que en la Declaración Conjunta sobre Derecho a Internet los mecanismos internacionales de protección a la libertad de expresión, expresaron que la “libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación”.

Entonces, las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad

Por todo lo anterior, ARTICLE 19 exige al H. Congreso de Nuevo León que derogue los artículos 342 a 353, así como el 429 Bis por ser violatorios a la libertad de expresión, entre otros derechos.